El latrocinio de las eléctricas

Nunca mejor dicho. Con estos gobiernos que está teniendo España, la riqueza de este país se está concentrando cada vez más en manos de un oligopolio de grandes riquezas. Los ricos, cada día son más ricos, y cada vez hay más pobres en España. Y no pobres entre comillas, como de los que se oía hablar ya hace tres años, sino pobres de verdad; lo suficientemente pobres como para que ONGs como Unicef u Oxfam lleguen a pedir ayuda internacional para socorrer a las familias más desfavorecidas, casi todas concentradas en las regiones más meridionales de España.

De lo que se oye comentar más y escribir más en los medios de comunicación es del poder de la banca, que, no conforme con “chuparse” ya más de 50 000 millones de euros (que, según el gobierno actual del PP, supuestamente, iba a devolver íntegramente la banca al tratarse de un préstamo, pero que al final va a tener que pagar el conjunto de “paganinis” de costumbre, es decir, los pobres contribuyentes), por un lado, tiene los suficientes escrúpulos de desahuciar a familias completas, con hijos a su cargo, por deudas que, en no pocos casos, son inferiores a 3 000 euros y que no pueden pagarse en un momento determinado por haberse quedado todos los miembros de la familia en el paro; y, por otro lado, hartarse de cobrar comisiones a la pobre gente que tiene el dinero allí metido, más por obligación que por devoción.

Pero de lo que se habla en este artículo no es de la banca ni de la pobreza. Se trata de las eléctricas, otra pieza clave del oligopolio económico junto con la banca, las constructoras y demás grandes empresas (no se metan, Dios me libre, a las PYMEs en el mismo saco, pues lo están pasando mayoritariamente tan mal como los ciudadanos de a pie).

Y, sobre todo, y más que de las eléctricas en sí, de las argucias que están utilizando para sablear y empobrecer cada día más a la población llana, de base, trabajadora o, incluso que desea trabajar y no tiene la oportunidad en estos tiempos que corren. Cada uno, como le quiera llamar.

Empeza el tema importante, pero no sin antes recordar prácticamente la primera frase de esta entrada: la riqueza de este país se está concentrando cada vez más en manos de un oligopolio de grandes empresas. Y entre ellas, están las eléctricas.

En este siglo XXI, dicen que el siglo tecnológico, la tecnología es un medio de cuestionar el modelo oligopólico. Cada uno, con un pequeño esfuerzo económico de su parte, podría independizarse en ciertos aspectos de ese oligopolio. Pero ahí está el sello gubernamental para jorobar la marrana.

Un ejemplo muy claro es el caso de las energías renovables. El sistema eléctrico español es un sistema eléctrico tradicionalmente centralizado. Las energías renovables, además de todas las ventajas que todos conocemos, tales como reducción de emisiones contaminantes, fuente de energía siempre disponible, gratuita, etc., podrían transformar ese sistema eléctrico centralizado en un sistema eléctrico semi-distribuido. Eso posibilitaría, por una parte, la descongestión de las líneas eléctricas, que en algunas épocas del año (estival e invernal) se colapsan; y, además, la posibilidad de auto-generación de energía, reduciendo la factura energética de muchas familias en unos tiempos que no son halagüeños para nadie.

Pero por detrás aparece Doña Cicuta Gubernamental. Doña Cicuta Gubernamental, inseparable lacaya del poder económico (en este caso, las eléctricas), ve un enorme problema a la vuelta de la esquina: una descentralización energética parcial (¡oh, ya no puede controlar el mapa energético estatal!). Y las eléctricas lo ven desde otro punto de vista: ya no pueden cobrar por toda la energía que se consume en España, se les puede ir parte de los beneficios de sus largos tentáculos.

Así que entre unos y otros, siempre al dictado de la patronal eléctrica (UNESA), se han afanado en neutralizar la posibilidad de la gente de ahorrarse un dinero cada mes a base de la auto-generación energética y, de paso, evitar una posible descentralización energética, aunando otra vez el control en pocas manos.

En paralelo a este tema, se tiene otro, no menos en boga: el llamado déficit tarifario. Gobierno y eléctricas intentan hacer creer que ese dichoso déficit ha sido generado por las ayudas a las renovables (lo que les interesa a ellas erradicar), cuando no es más que un déficit por las ayudas a las grandes eléctricas y a los grandes consumidores energéticos. Por eso no para de crecer cada año. ¿Quién lo tendrá que pagar? Los de costumbre, vaya pregunta más retórica.

Pues este gobierno quiere matar dos pájaros de un tiro: paripé con el déficit tarifario, haciendo ademán de que lo va a erradicar, y, como añadido, la ayuda que quieren las eléctricas: centralizar el control. El resultado es un nuevo Decreto-Ley, sacado a la luz por vía de urgencia el día 12 de julio y aprobado en el Congreso el día 17 de julio con la mayoría absoluta del PP, donde se citan medidas para la estabilización financiera del sector eléctrico. También en esos días han ido apareciendo borradores de Ley (concretamente 13), que han sido enviados convenientemente para ratificación a la CNE (Comisión Nacional de la Energía).

Como ya se ha mencionado, la tramitación es por vía de urgencia y al margen de la ciudadanía (ya que se podría subir por las paredes). Esto implica que el periodo de exposición pública es de 10 días naturales, claramente insuficientes para poder leer con calma el taco de folios que constituyen los borradores (más de un paquete de 500 folios impresos a doble cara). Sin embargo, hay dos que deben preocupar más que los demás. Se trata del Anteproyecto de Ley General del Sector Eléctrico y la propuesta de RD para el autoconsumo. Un auténtico latrocinio. Para verlo, se va a dividir en tres bloques (pero que están muy relacionados entre sí), tal como lo ha expuesto en su artículo Cote Romero, directora de ECOOO y Coordinadora de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (desde otro punto de vista distinto, pero llega a tildar esta reforma como “ataque contra la democracia”), ahí, y que aquí se van a completar con algunos detalles:

1. La factura de la luz

La factura de la luz se compone de una parte fija o regulada, que atiende supuestamente a los costes del sistema y de otra variable en función del consumo de energía.

La reforma incrementa la parte fija un 77%, séase lo correspondiente con el término de potencia, facturado con unidades €/kW contratado. Esta estrategia tiende a imponer la tarifa plana en la factura de la luz, ya que se paga proporcionalmente más por la parte fija y menos por el consumo energético (aunque no rebaja tampoco su precio).  Eso implica una penalización al consumidor que ahorra energía y que hace un uso eficiente de la misma, desincentivando la eficiencia energética (y eso que la UE está a favor del raciocinio energético). Asimismo, es inaceptable, teniendo en cuenta el contexto de pobreza energética española, donde más de 2 000 000 de familias este invierno han tenido que racionar su consumo de calefacción pasando auténtico frío. Tras esta medida hay dos estrategias claras:

  • Desincentivar que los ciudadanos instalen en el ámbito doméstico plantas de generación de energías renovables. Con una factura de la luz cada vez más cara, y con una tecnología cada vez más accesible, son muchos los que estaban esperando la regulación del autoconsumo para ahorrar en la factura de la luz. La subida de la parte fija provoca que el ahorro que pueda proporcionar una potencial nueva planta de generación apenas tenga reflejo en la factura.
  • Allanar el camino para que se materialice la endemoniada propuesta de la CNE de que sea el consumidor doméstico el que se haga cargo principalmente del coste de la red. Latrocinio en estado puro. Y más aún cuando el consumidor doméstico no puede elegir en la contratación discriminación horaria y hacer así uso de la red cuando más barata es la energía, debido a la derogación de la tarifa nocturna en época de gobierno de José María Aznar. Todo queda atado y bien atado a favor de las eléctricas.

2. Autoconsumo

El objetivo del borrador de autoconsumo es impedir el desarrollo del mismo. De entrada, no regula ni siquiera el tan esperado autoconsumo con balance neto, un mecanismo utilizado en otros países por el cual las plantas de generación limpias (paneles o pequeños molinos en tejados) pueden realizar un trasvase de la energía excedentaria con la red generando un derecho de compensación de energía para los períodos que la planta no produzca. Este mecanismo facilita el desarrollo de las energías renovables entre la ciudadanía, al abaratar los costes de la instalación al no ser necesario el uso de baterías para almacenar los excedentes. El gobierno, desoyendo el mandato imperativo de regular este mecanismo, deja claro que no lo va a fomentar. Además, el borrador impone un gravamen al autoconsumo instantáneo que en la actualidad existe. Por la energía que se produce y que se va a autoconsumir sin pasar por la red, se impone un peaje de respaldo, término acuñado por Iberdrola, para costear los pagos por capacidad, es decir, para sufragar a las plantas privadas de ciclo combinado de gas. Sin palabras.

Además, a las plantas existentes y a las nuevas se les exige dispositivos costosos de telemetría y un nuevo contador que envíe la señal al sistema de la energía que se produce y se autoconsume, pero no globalmente, sino minuto a minuto para poder comprobar la diferencia entre lo producido y lo consumido. Todo eso unido a que la energía excedente instantánea no se remunera (el productor pierde ese dinero) y la deficitaria se factura ¡a precio libre (hasta 0,27 €/kWh)!,  las eléctricas se aseguran seguir contando con la gallina de los huevos de oro de la facturación eléctrica.

Por si fuese poco, el borrador recoge la obligación de legalizarlas en el plazo de dos meses y en caso contrario, se considerará falta extremadamente grave, con multas de hasta 60 000 000 €. Asimismo, el Ministerio de Industria tendrá potestad para acceder a los inmuebles y comprobar la existencia de una planta de generación no legalizada sin la necesidad de obtener previamente orden judicial (¿allanamiento de morada?). En definitiva, las trabas económicas al autoconsumo en el ámbito doméstico pueden llegar a fomentar la desobediencia civil, de ahí que tener un panel en casa sin legalizar tenga un tratamiento tan desmedido. Otra vez, atado y muy bien atado.

3. Las energías renovables

Una vez más, las energías renovables son las víctimas de la política energética, lo cual es evidente si no se pierde de vista que las grandes corporaciones han desplegado toda su maquinaria para expulsar a la competencia del mercado. De ahí que el parque renovable existente vuelva a sufrir recortes económicos de manera retroactiva. Dejan de ser retribuidas conforme a una prima aprobada en normas anteriores para ser retribuidas a precio de mercado más un complemento a la inversión. En última instancia va a suponer un recorte significativo e injusto de los ingresos que el BOE se comprometió a pagar a los que apoyaron con su dinero la producción limpia de electricidad. De las renovables a futuro, mejor ni hablar. Sigue vigente la moratoria a los nuevos proyectos. Los pocos que se realicen serán previo concurso. ¿Adivinan a quiénes se les van a adjudicar? Pregunta retórica.

En resumen, se sigue con los combustibles fósiles y el cambio climático y el Protocolo de Kyoto son palabras bonitas que quedan en papel mojado como de costumbre. ¿Interés popular? No, interés de los grandes magnates económicos de este país.

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